El profesor Félix Fernández, coordinador de APU en Santiago, explicó que en estas sesiones tomaron parte 46 alumnos de tercer año, divididos en dos grupos, en el marco de la asignatura Transparencia y Probidad Administrativa. Primero los jóvenes se informaron del sentido del proyecto, luego analizaron si el sitio cumplía con el objetivo planteado y expresaron sus opiniones respecto de forma y contenidos contestando una encuesta.

“La información que hoy se visualiza en las páginas web de cada organismo público, no permite un fácil entendimiento, dado que se entrega a nivel de subtítulos, ítems o asignaciones, terminología no conocida por el ciudadano que aporta mayoritariamente a través de sus impuestos, al presupuesto nacional”, explicó Miguel Díaz, jefe de la Unidad Gestión Financiera y Presupuesto del CPLT.

“En este sentido, creemos que el control social fortalece la democracia, ayuda a ubicar las fugas y brechas de eficacia en el gasto público y mejora la eficiencia”, agregó.

La idea de informar a la ciudadanía cómo se gastan los recursos públicos sobre la base de programas y sus respectivos indicadores –dijo-, ya se ha implementado en países como Suecia, España, Reino Unido, Nueva Zelanda, México, Perú, entre otros.

Por eso, las opiniones de los estudiantes serán fundamentales para aplicar mejoras a una primera versión de la web de Transparencia Presupuestaria, que el Consejo proyecta relanzar en marzo de 2017. Además de la Universidad de Valparaíso, en estos focus group también colaborarán estudiantes de las universidades de Chile, de Santiago y Alberto Hurtado. Asimismo, se consideran 2 foros en Facebook.

“Un profesional de lo Público, debe ser ético, probo y transparente en su actuar de vida y laboral. Por ello, no solo estudiamos normas administrativas al respecto, sino que también innovamos con herramientas concretas; como es el portal de Transparencia Presupuestaria. Es una gran oportunidad que nuestros alumnos opinen e interactúen en esta plataforma que aún está sujeta a modificaciones; ya que el día de mañana, cuando se transforme en una obligación para todos los servicios públicos, podrán decir: yo fui parte de esta iniciativa”, comentó el académico Fernández.

Cambio cultural

Una institución pública que se ha sumado a esta iniciativa es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Además, TP ha sido la puerta de entrada para formar una mesa de trabajo entre varias entidades, que pretende compartir sus mejores prácticas en materias presupuestarias, contables y de tesorería, tales como Fiscalía Nacional Económica, Unidad de Análisis Financiero (Min. Hacienda), Dirección de Fronteras y Límites del Estado, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), además de INAPI y el CPLT.

En todo caso, Díaz reconoció que para que esta práctica sea generalizada se requerirá de un proceso de a lo menos 10 años, dado que supone un importante “cambio cultural” en la gestión pública. Pero hay que empezar a dar los primeros pasos en esta dirección. “Y qué mejor que esto sea través de los alumnos de la carrera de Administración Pública, a quienes llamamos a hacer este tipo de cambio una vez se integren al campo laboral”, destacó el funcionario.