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Estas charlas fueron organizadas por la Escuela de Ingeniería Comercial en Santiago. Al respecto, la académica Karin Berlien, relevó especialmente la participación del invitado internacional, “en un contexto de escuchar otras experiencias que pueden aportar al desarrollo de políticas públicas para infancia, desde un enfoque de derechos. Un tema pertinente a propósito de los casos que han ocurrido en Chile y el escándalo del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en el país”.

Sistema catalán y documental

Durante su presentación, Calbet explicó el sistema catalán para la protección a la infancia y la adolescencia, que es uno de los más avanzados de España. Una de sus principales virtudes es que está estructurado de tal manera que logra una pronta detección de los casos de menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad por diversos motivos tales como abandonos familiares, desamparo, abusos y otros.

En el proceso de “detección, denuncia y derivación de casos” participan la policía, los centros de salud y de educación, familiares, vecinos e incluso existe un número telefónico especialmente habilitado para ello.

De todos modos -afirmó el educador social-tutor en el Centro de Acogida de Menores Mare de Déu de la Mercè de Tarragona, Cataluña (España)- se trata de un modelo que requiere mejoras; porque en este tipo de programas no son suficientes las buenas intenciones. “Se necesitan mayores recursos para los centros y para trabajar con las familias”, acotó. Dijo que también es indispensable  generar planes que permitan que los jóvenes estén en centros de acogida de menor tamaño, donde se pueda garantizar una sana convivencia, y por un periodo relativamente breve para evitar lo que denominó como la “institucionalización” de los menores en estos recintos.

Al respecto, Calbet planteó las siguientes interrogantes: ¿Es bueno que la responsabilidad recaiga sobre el usuario menor de edad?, ¿es la institucionalización una buena herramienta para la reeducación?, ¿se puede evitar la reproducción de patrones aprendidos con la familia, en un entorno institucional?

En la ocasión, también presentó un extracto del documental “¿Y ahora qué”, enmarcado en el proyecto de “Intervención con jóvenes tutelados por la Administración”. El material audiovisual tiene fines pedagógicos y terapéuticos. Se basa en entrevistas a siete personas mayores de edad, que habían sido residentes de centros de menores. La idea es que los(as) educadores(as) puedan trabajar el proyecto de vida futura con los adolescentes a partir de los ejemplos y experiencias que se muestran en el documental.

Calbet es graduado en Educación Social en la Universitat Rovira i Virgili y de Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona. Además, cursó y obtuvo el título de Máster en Juventud i Sociedad en la Universidad de Girona.

Big Data en Salud

En tanto, el académico  Antonio Glaría explicó las características del Big Data en Salud. Ante una audiencia compuesta principalmente por estudiantes de Ingeniería Comercial, hizo una reseña sobre la irrupción del concepto de macro datos o datos masivos, que pueden analizarse para encontrar en ellos patrones repetitivos mediante una determinada tecnología, lo cual tiene un potencial importante de innovación en el ámbito médico.

“Se buscan patrones de datos relevantes más que información puntual”, precisó. Destacó que esta forma de analizar datos relativamente nueva “permite tomar adecuadas decisiones y así separar el trigo de la paja”. 

Asimismo, recordó la iniciativa de Big Data que la Universidad de Valparaíso desarrolló con apoyo FONDEF para la “estimación no invasiva y mínimamente intrusiva de la presión arterial” mediante ensayos clínicos en voluntarios sanos.

Sin embargo, durante su charla el profesor Glaría puso de relieve el dilema ético y legal asociado al uso de los datos clínicos, dado que estos les pertenecen a los pacientes. Por lo tanto, no deberían ser fuente de riqueza para una determinada empresa, sino que beneficiarlos a ellos mismos. Por ejemplo, estableciendo que cualquier interesado en utilizarlos tenga que adquirir una licencia. “Eso permitiría, en principio, disminuir la creciente brecha de costos para los desarrollos de tecnologías de salud”, aseguró.

 

 

 

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