Es un anhelo desde hace casi una década, porque hay que retroceder hasta 2005, cuando el ya fallecido Enrique Silva Cimma era senador, para encontrar los orígenes del proyecto de ley que busca la exclusividad universitaria para la carrera de Administración Pública.
El ex canciller radical, quien es reconocido como una de las máximas eminencias que ha tenido el país en el ámbito del derecho administrativo, impulsó en el período presidencial de Ricardo Lagos un anteproyecto de ley que perseguía que sólo las universidades pudieran otorgar el título de administrador público, ante la aparición de algunos institutos que entregaban el título pero no el grado académico, pero su moción nunca llegó a discutirse en sala.
Fue clave la reapertura del Colegio de Administradores Públicos de Chile en 2012 para que la iniciativa se reactivara. La directiva anterior del colegio y la actual, que preside Diego del Barrio (profesor de la carrera de Administración Pública en la Universidad de Valparaíso, Campus Santiago) empezó a tener reuniones previas con diputados y senadores hasta que logró que los diputados Leopoldo Pérez (de Renovación Nacional, quien es administrador público) y Sergio Ojeda (de la Democracia Cristiana y ex profesor de la carrera en algunas universidades) presentaran el 15 de julio pasado un proyecto de ley que en líneas generales es muy parecido al del 2005 (razón por la cual ya se conoce como “ley Silva Cimma”) y que ya está en manos de la Comisión de Educación de la cámara.
“Este proyecto crea el llamado valor público de la carrera, que significa que no sólo hay un valor monetario o una rentabilidad al sacar un título de administrador público, sino que lo que se debe buscar es estudiar para servir el estado y para formar parte de la burocracia profesional. Y eso lo garantizan sólo las universidades”, explica el profesor Del Barrio. La problemática que hoy se enfrenta es que hay funcionarios públicos que concurren a institutos profesionales a sacar el título, sin la licenciatura (que entregan sólo las universidades), con el único fin de obtener la asignación profesional. “Hay gente que se está titulando sólo con la finalidad de mejorar sus ingresos, pero que tienen una formación muy débil en relación con quienes cursaron a lo menos diez semestres en una universidad”, explica el presidente del colegio.
En su fundamentación, el proyecto de ley afirma que “el Estado chileno ha desarrollado en las últimas décadas un exitoso proceso de reforma y de modernización de la gestión pública, que ha introducido a la acción administrativa una serie de complejos instrumentos de gestión que requieren para su utilización de profesionales formados en los más altos estándares y con conocimiento de las modernas técnicas de la administración pública. De ahí la necesidad de contar con profesionales que sean capaces de interpretar las problemáticas públicas para proponer soluciones racionales y eficientes. El administrador público cuenta con una formación que lo hace capaz de liderar equipos de trabajo multidisciplinarios, no tan solo para el cumplimiento de metas, sino que para agregar valor público a cada una de las acciones que realiza en pos de la satisfacción de necesidades públicas y en la respuesta a demandas ciudadanas”.
Del Barrio también respondió a los detractores del proyecto, que indican que se está segregando a personas que estudian en institutos, ya que la iniciativa legal contempla que puedan terminar sus estudios y que, además, las universidades que imparten la carrera creen programas especiales para que estas personas puedan obtener la licenciatura y así acceder al título.
El proyecto cuenta con el patrocinio de diez disputados: Lautaro Carmona (PC), Javier Hernández (UDI), Vlado Mirosevic (PL), Sergio Ojeda (DC), José Pérez (PRSD), Leopoldo Pérez (RN), Jorge Rathgeb (RN), David Sandoval (UDI), Alejandro Santana (RN) y Patricio Vallespín (DC).
Sobre las posibilidades de que la ley sea aprobada, el profesor Del Barrio explicó que “estamos más que optimistas, aunque sabemos que será un proceso largo, porque este proyecto está en la Comisión de Educación, vale decir, la misma que debe analizar el proyecto de reforma educacional que ingresó antes que el nuestro. Ahora nosotros estamos en la etapa del lobby político y de instalar el tema en la palestra pública y concientizar a los encargados de tomar la decisión, es decir, a los parlamentarios. Vamos a luchar hasta el final y utilizar todas las instancias para que se materialice esta ley, que sería gran avance para la profesión”.