Sobre la base de una investigación aún en desarrollo, el doctor Nicolás Grau -quien es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile- planteó en el Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso una problemática poco abordada hasta ahora en el país: “Prisión preventiva: discriminación y efecto en el mercado laboral”.
Explicó que “tres mil personas al año en Chile van a prisión preventiva y terminan siendo inocentes”. Además, aseveró que esta medida cautelar se aplica con discriminación especialmente a personas de origen mapuche y que esta tiene un impacto relevante en los salarios. Por ello, afirmó, "la prisión preventiva es la amenaza más grande a la presunción de inocencia".
La actividad fue organizada por el Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales (CIDEP), en colaboración con la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA), la Escuela de Ingeniería Comercial (EICO) y el Campus Santiago.
Al alza
Si bien la reforma procesal penal había disminuido considerablemente el porcentaje de prisiones preventivas, dado que en el antiguo sistema prácticamente era la norma, Grau enfatizó que se ha vuelto a observar un aumento de las mismas.
En Chile, comentó el académico, la prisión preventiva hoy está por sobre el promedio mundial, que es 27%, pasando de 21,9% en 2007 a 36% en 2017, una tendencia al alza que no dudó en calificar de "lamentable", ya que de esa cifra alrededor de 3 mil personas (10%) al año son absueltas de los cargos que se les imputan (eran 1.500 en 2006).
El incremento de esta medida, a juicio de Grau, obedece en parte a que “hay una presión muy fuerte de los medios de comunicación” y a la dictación de “agendas cortas contra la delincuencia que han sido transversales en los distintos gobiernos”.
Discriminación y efectos económicos
El profesor Grau, quien es doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, indicó que los resultados preliminares de un estudio que realiza junto a otros profesores dan cuenta de una discriminación cuando se decreta la prisión preventiva hacia personas de origen mapuche (con uno o dos apellidos o auto reporte de este origen étnico), ya que aumenta la probabilidad para estos grupos de sufrirla de 3% a 25% respecto de los no mapuches a igual delito imputado.
Otra línea de trabajo apunta a que quienes pasan por prisión preventiva, aun cuando después se determine su inocencia, sufren un deterioro significativo en materia laboral y ven afectados sus ingresos potenciales, que se reducen casi un 12%.
Esto se suma al periodo en que no pudieron percibir salarios o lo que se conoce como lucro cesante. La duración de esta prisión preventiva en promedio es de cien días y la mediana en torno a los 64 días, puntualizó el académico.
Al respecto, Grau enfatizó que se requieren políticas públicas que se hagan cargo de estas situaciones y que existan compensaciones económicas (monetarias o programas de empleo intensivos, por ejemplo) cuando el error del Estado perjudica los ingresos de personas inocentes.
El ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile aseguró que su motivación es estudiar los fenómenos donde se observan desigualdades y ponerle "números al debate", utilizando para ello análisis estadísticos y econométricos.
Con respecto a esta conferencia, el profesor de EICO y coordinador de Investigación de FACEA, Patricio Herrera, destacó que “demuestra lo importante que es unir la política pública con la economía”.