La pandemia del covid-19 está castigando duramente a los países de la región no solo por la crisis sanitaria y las pérdidas de vidas, sino también por efectos como el aumento de la pobreza y una mayor precariedad en las condiciones de seguridad alimentaria, junto con nuevas oleadas migratorias. A esto se suman la exacerbación de las desigualdades existentes y un incremento de la conflictividad social, lo cual podría representar un terreno fértil para soluciones populistas o autoritarias. Estas fueron algunas de las ideas expresadas durante el conversatorio online “Equidad e Inclusión en las Américas”, que organizó la unidad de Extensión de la Escuela de Administración Pública del Campus Santiago.

La doctora Betilde Muñoz-Pogossian, expositora en este encuentro y directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), puso de relieve que “la pandemia ha revelado que está afectando a los grupos más vulnerables y ha exacerbado las desigualdades. Pero también abre una oportunidad para tener la discusión a nivel nacional de si recuperar las políticas que habíamos venido haciendo o si hay que rehacerlas”.

En la actividad también participaron el abogado Pablo Gutiérrez, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Administración Pública de la UV; Gonzalo Luna, coordinador de Extensión de la carrera en Santiago, y estudiantes.

En respuesta a la pregunta del profesor Luna en cuanto a las “lecciones que debería tomar América Latina” por la crisis de la pandemia en términos de equidad e igualdad, Muñoz-Pogossian sostuvo que “es clave desechar lo que no funcionó y repensar lo que se requiera para poder ser más efectivos”. Lo anterior implica, por ejemplo, sostener conversaciones sobre pobreza, migrantes, niños y adolescentes o mujeres, que hoy sufren una mayor violencia doméstica en periodos de aislamiento, entre otras.

Muñoz-Pogossian también planteó que, debido a los urgentes desafíos regionales, se requieren liderazgos capaces de cambiar realidades y de impulsar con decisión “políticas públicas con enfoque de derechos humanos”. Asimismo, lamentó que con demasiada frecuencia se observe una “desconexión entre los gobiernos nacionales y locales. Y es por eso que no vemos mayor efectividad en las respuestas”. Por otra parte, destacó que la población requiere “mayor transparencia en el acceso a la información”, ya que algunos gobiernos podrían justificar “acciones antidemocráticas para supuestamente evitar desinformación o fakes news”.

Frente al complejo panorama actual, la politóloga venezolana opinó que “es necesario que todos los actores ayudemos a salir de esta crisis, porque los países o los gobiernos por sí solos no van a poder. Y el sector privado tiene ciertas facilidades y preferencias que debería poder sacrificar en función del bienestar colectivo y proteger a la población que más lo necesita (…) En todo lo que es la reactivación laboral en general y de grupos históricamente excluidos, el sector privado va a tener un rol fundamental”.

Sobre la medida que en Chile le permitió a los afiliados el retiro del 10% de su fondo de capitalización individual en la AFP para enfrentar la actual crisis económica, el académico Pablo Gutiérrez comentó que si se analiza bien “la ontología de esta solución, es la antítesis de la estatalidad”. Al respecto, la funcionaria de la OEA estuvo de acuerdo y afirmó que “es trasladar la responsabilidad de proteger a la población a los privados en vez de asumirla como parte de las obligaciones que el Estado chileno tiene con su ciudadanía”.

Principios

Muñoz-Pogossian explicó que en la OEA se trabaja el tema de la inclusión no solo considerando los ingresos que miden los bancos internacionales, sino también otros indicadores que ofrecen un panorama más integral, tales como los índices de Desarrollo Humano o de Pobreza Multidimensional de la ONU.

El organismo internacional -agregó- publicó en abril pasado una “Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el Covid-19 en las Américas”, que apunta a apoyar a los estados con una serie de herramientas para que las respuestas a la crisis tengan presente las especiales circunstancias de los grupos más vulnerables.

Muñoz-Pogossian indicó que las políticas públicas que se determinen deberían tener presente tres principios: enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación e interseccionalidad, es decir, aquellos factores que en una persona agravan las condiciones de vulnerabilidad.