El proceso para elaborar una nueva Constitución fue calificado como una oportunidad histórica por tres importantes ONG ambientales en Chile para instalar una mirada ecosistémica o una nueva relación de la sociedad con la naturaleza, así como para avanzar en temas como justicia ambiental o bienes comunes y el rol del Estado de garantizar no solo los derechos de los humanos, sino también los de las otras especies con las cuales convivimos.
Estos fueron algunos de los conceptos que desarrollaron Matías Asún, de Greenpeace; Flavia Liberona, de Fundación Terram; y Luciano Pérez, de CODEFF, en el marco del conversatorio “Medio Ambiente y Nueva Constitución. La mirada de las ONG ambientales”, organizado por el Campus Santiago y la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y que contó con el patrocinio de UVerde.
Liberona sostuvo que por muchos años “hemos venido cuestionando la actual Constitución, porque en temas ambientales en algunos casos ha demostrado ser totalmente ineficiente para proteger el medio ambiente y la salud de las personas”. Esto se refleja, por ejemplo, en que, si bien el texto dice asegurar “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, en la práctica en el país hay zonas de sacrificio o altamente contaminadas por procesos industriales, donde el “Estado no ha sido capaz de regular estas materias y garantizarles a las personas una calidad de vida medianamente satisfactoria”.
La directora ejecutiva de Fundación Terram añadió que, en el contexto de una prolongada sequía, el Estado tampoco “ha sido capaz de satisfacer demandas básicas de la población en cuanto al acceso al agua potable y saneamiento, debido a que la actual Constitución establece los derechos de agua que finalmente establecen una serie de títulos de propiedad y que están en manos de grandes sectores empresariales”.
Por ello, Liberona indicó que Fundación Terram propone siete directrices que apuntan a “una nueva relación de la sociedad y la naturaleza” en una próxima Carta Magna. Estas se refieren a la revalorización y el reconocimiento de la diversidad geográfica, ambiental y cultural propia de los territorios, la consagración de la justicia ambiental como principio y finalidad a la que el Estado debe propender para garantizar el bienestar y calidad de vida de las personas, el reconocimiento del carácter de bien común de los componentes de la naturaleza y del principio de buena gobernanza de los mismos, el establecimiento de derechos humanos ambientales y su protección mediante una acción de tutela o garantía frente a su vulneración.
Asimismo, la ONG chilena fundada en 1997 aboga por limitaciones y restricciones al ejercicio de determinados derechos fundamentales en función de la protección ambiental y reconocer la función social propiedad, la imposición de deberes ambientales del Estado vinculados a la protección de la naturaleza y garantía de mayores niveles y estándares de injerencia, así como una participación significativa desde los distintos territorios en la adopción de decisiones públicas.
Crisis y alfabetización ecológica
Otros desafíos que se mencionaron durante esta instancia, que contó con la participación de más de setenta personas, fueron el cambio climático, la relevancia de las políticas públicas de largo plazo y de una mayor participación ciudadana en la construcción de las mismas, como también la necesidad de una educación ambiental o ecológica urgente no solo entre niños y jóvenes, sino también entre adultos -como quienes conforman la clase política y los constituyentes- para que tomen mejores decisiones.
Matías Asún, director nacional de Greenpeace en Chile, puso el foco en que “el 33% de los grandes mamíferos usan los mares interiores de la Patagonia como su hábitat. Por lo tanto, es súper legítima esta pregunta: ¿qué Constitución necesitan las ballenas también, es decir, en términos medioambientales?”.
Asimismo, criticó la ignorancia que tienen las autoridades y la clase política sobre los ciclos ambientales como el de las cuencas hidrográficas, lo que empeora o agrava problemas como la sequía o la falta de acceso al agua de las comunidades rurales, “sacando el agua del interior de la tierra” y entregando derechos de agua a actividades productivas. A su juicio, “tenemos no solo un problema de sequía, sino de desigualdad”.
Al respecto, Asún comentó que Greenpeace -organización internacional que se creó en 1971- lanzó en el país la campaña “Compromiso Suelta el Agua” para declarar el agua como un derecho, que considera puntos como reconocer que la Constitución es la base de un acuerdo colectivo para vivir en sociedad y que para proteger la vida debemos construir las bases de un sistema social y económico nuevo, ecológico, garantizando el agua como un derecho humano y proteger sus funciones ecosistémicas en cantidades y calidad suficiente para las personas y la naturaleza. Asimismo, plantea un sistema de gestión que permita el acceso justo y equitativo a este elemento, profundizando nuestra democracia y los mecanismos de participación, y redefinir la relación entre la sociedad y la naturaleza para que esta sea respetuosa, entre otros aspectos.
“Un 36,5% de las candidaturas constituyentes han suscrito este compromiso, lo que significa que en la Constitución no se podría escribir nada que atente contra esto”, indicó.
Luciano Pérez, presidente del Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), que ya cumplió 50 años en Chile promoviendo la conservación de la naturaleza, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, compartió los planteamientos de Liberona y Asún sobre generar una Constitución en la que lo ambiental sea relevante.
“Desde CODEFF tratamos de promover una mirada ecosistémica y ecológica en la que esté presente la dimensión natural, que tiene otras escalas de tiempo y que debe estar plasmada como un eje transversal en la construcción de políticas en general a mediano y largo plazo. Y no solo en la Constitución que, sin duda, va a marcar un hito histórico en el país”, expresó.
Pérez agregó que “nos preocupa este afán tan antropocéntrico en que las discusiones de construcción de políticas se elaboran en torno a la mirada humana, depredadora, economicista y en la que todo está cosificado. Cuando hablamos de recursos naturales potenciamos una línea de modelo de desarrollo económico que no nos representa, de mercado, extractivista y de explotación infinita. Todos los científicos indican que esta curva de crecimiento de la humanidad ya se reventó y estamos súper sobrepasados respecto de los recursos que hay disponibles en el planeta. Por ello, deberíamos empezar a discutir y conversar el concepto que la naturaleza también es sujeto de derecho, en el marco de una nueva Constitución”.
Los relatores estuvieron de acuerdo en que más que una educación ambiental, lo que se requiere en el país es una “alfabetización ecológica” que pueda permear a toda la sociedad y active acciones con sentido de urgencia para detener los daños que se han provocado en el medio ambiente y, de esta manera, no seguir empeorando la situación.
Ante preguntas de los asistentes, los representantes de las ONG también se refirieron a la importancia del proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya tramitación ha avanzado lentamente en el Congreso y que aún despierta dudas en aspectos como el financiamiento adecuado para que cumpla su misión.
La moderación del conversatorio estuvo a cargo del académico Gonzalo Luna, coordinador de Vinculación con el Medio de la Escuela de Administración Pública.
En la ocasión estuvo presente la directora del Campus Santiago, doctora Valeria Scapini, junto a estudiantes, funcionarios/as y público general que se interesó en el tema.