La discusión sobre cómo sacar a los trabajadores de su desmedrada situación económica llegó al Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso con la conferencia “Convenio 131 OIT: salarios mínimos para superar la pobreza”, en la que expusieron expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL).

El convenio 131 es un protocolo creado por la OIT en 1970, y ratificado por Chile, que establece la obligatoriedad de crear un sueldo mínimo para los países que suscriban el acuerdo y que considera como elementos esenciales para determinar su monto las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; y  los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. La actividad convocó a dirigentes sindicales de la CONSTRAMET, del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular, del Hospital Padre Hurtado y del Sindicato Wal Mart.

El economista Fernando Carmona, del FIEL, afirmó en su intervención que “en los últimos años ha quedado comprobado que con este modelo de desarrollo Chile no crece, pues simplemente no funcionó la teoría del chorreo. En este nuevo ciclo político, si no reformamos la institucionalidad laboral de nuestro país no avanzaremos sustancialmente en terminar con la desigualdad”.

Carmona, quién es Director del Área de Investigación de la FIEL, explicó que la “ratificación del Convenio 131 de la OIT en Chile, data del año 1999, y hasta hoy no se ponía en práctica, ya que este convenio exige que en la definición del piso salarial se considere tanto la dimensión económica como las condiciones de vida de los trabajadores y en Chile solo se considera lo económico. El 87% de la definición del salario mínimo es el IPC y el otro 13% se ve en la negociación, es decir, el salario mínimo se define básicamente en torno a factores económicos del país, y ni siquiera todos los factores económicos, sino que sólo el IPC. Si implementamos el convenio 131, lograremos que se consideren las necesidades de las familias de trabajadores y sacarlos de la pobreza. En diciembre del próximo año la Comisión de Salarios Mínimos del gobierno dará a conocer un informe que nos explique cómo se sacará a los trabajadores de la línea de la pobreza, en qué plazo y con qué criterios”.

Andrés Marinakis, especialista en políticas del mercado de trabajo e instituciones laborales de la OIT Santiago afirmó que año a año “el debate de salario mínimo era muy frustrante, porque se basaba en el índice de los precios y nada más, por lo que era una discusión sin mucho contenido y sin mucho horizonte. El acuerdo de este año en cambio, pone un número para el corto plazo, pero además pone un desafío que es alcanzar las necesidades básicas de los trabajadores”.

El economista de la Universidad de Buenos Aires, explicó que el “Convenio 131 no dice que los acuerdos deben ser entre trabajadores y el gobierno nada más, sino que también incluye a los empresarios, pero en Chile los empresarios se han lavado las manos y no han querido ser parte de esta discusión. Se ha desdibujado el objetivo principal del salario mínimo, pues fue introducido para proteger a los trabajadores y que tengan un piso mínimo de salario digno, pero lamentablemente se ha utilizado como un mínimo que ni siquiera se paga en todos lados. Ningún país de América Latina alcanza a sacar de la línea de la pobreza a una familia de cuatro personas con el salario mínimo, cuando el salario de un individuo debería alcanzar para cubrir las necesidades de un hogar. En Chile al 50% más pobre del país el salario mínimo le alcanza para 0,8 personas, o sea, ni siquiera una”.